Publicado originalmente en inglés. Josep Piqué. The Telegraph.

El referéndum de este domingo ha sido declarado inconstitucional, pero el gobierno regional sigue adelante.

La política interna española es cada vez más febril. Los eventos en Cataluña están provocando una escalada de tensión, con miles de personas saliendo a las calles en apoyo del referéndum inconstitucional y deliberadamente divisivo previsto para el 1 de octubre según las últimas informaciones.

Tras hacer crecer la tensión hasta llegar al rojo vivo, el Gobierno regional catalán planea llevar a cabo la votación sin tener en cuenta las protestas de muchos catalanes y del resto del país.

No se equivoquen: esta votación es contraria a los principios de la moderna Constitución Española, la democracia representativa y el Estado de Derecho.

No ha habido nada equivalente al “Acuerdo de Edimburgo” entre el Reino Unido y el Gobierno escocés que dotó de legitimidad constitucional y política al referéndum de independencia escocés de 2014.

La votación propuesta ha sido claramente diseñada para enfrentar Cataluña al resto de España: no es el producto de políticos buscando una discusión seria sobre el futuro de Cataluña. Es tan solo un instrumento político para dividir a España contra la voluntad de millones de ciudadanos catalanes.

El Gobierno catalán no solo rechaza someter la ley del referéndum al voto del parlamento español, sino que también falla al no reconocer que no cuenta con el apoyo mayoritario de la sociedad catalana, que está profundamente dividida y que sufre los efectos perjudiciales de la polarización social, resultado inevitable de años de propaganda nacionalista temeraria y enconada.

Como orgulloso catalán y español he visto, con creciente preocupación, cómo mi país se pelea consigo mismo de forma cada vez más violenta.

Los actos cada vez más provocativos del Gobierno regional catalán han llevado la situación a un punto de ruptura. Los Altos Tribunales españoles, sin más opción, han respondido de forma enérgica y el gobierno nacional, arrinconado, ha pedido una desescalada de las tensiones para evitar una crisis constitucional sin precedentes en la historia del país después de Franco.

Estos acontecimientos han llamado la atención de la prensa internacional. Sin ser sorprendente, el cómo se desarrollen los sucesos en las próximas semanas tendrá consecuencias políticas y económicas que retumbarán más allá de España. Un resultado positivo para los separatistas dará ánimos a otros movimientos populistas alrededor de Europa para que desafíen a la democracia liberal y su respectiva soberanía nacional.

Para el Reino Unido, una España que necesita reenfocarse en asuntos internos constitucionales tendrá menos tiempo para dedicar a las relaciones Reino Unido – España, especialmente a las empresas profundamente interrelacionadas que tenemos y a nuestros asuntos de seguridad. Tampoco ayudará a una Londres apremiada por el tiempo en su búsqueda para crear nuevas asociaciones con sus aliados y colegas europeos.

Lejos de ser una emblemática pelea del pueblo contra un gobierno maligno, como algunos lo retratan, la situación en Cataluña es otro desafortunado episodio más en la confrontación entre el sistema democrático basado en la ley por el que tan duro ha tenido que luchar Europa y los fantasmas del populismo post-verdad que han estado persiguiendo a Occidente durante los últimos años.

Los nacionalistas catalanes exhiben la lista habitual de convicciones propias de los movimientos populistas: promesas irreales de mayor prosperidad financiera, visiones de un paraíso ideológico homogéneo, una mentalidad fortificada contra la discrepancia, etc. Todo esto en medio de llamamientos a hechos alternativos, una noción fanática de la identidad nacional, reivindicaciones de victimismo secular y una actitud inflexible que no deja ningún margen para ni un compromiso genuino ni una negociación honesta.

Los secesionistas catalanes afirman que sus exigencias se arraigan en una identidad, idioma e historia diferenciadas. Sin embargo, repudian cualquier diversidad cultural o lingüística en Cataluña, y se niegan a reconocer que otras partes de España con pasados y tradiciones igualmente ricos han subordinado estos a la creación de un bien común mayor para toda España.

Desde su ejemplar transición democrática en los 70, España ha avanzado mucho en aceptar estas múltiples y complejas identidades. El área metropolitana de Barcelona es una de las regiones del país más diversas y culturalmente ricas gracias a su sociedad bilingüe y su pluralidad de identidades. Su identidad española es un elemento fundamental en todo esto.

Los nacionalistas catalanes arguyen también que la región ha sido harto maltratada tanto económica como políticamente. Como catalán, ésta es una de las afirmaciones que más me desconciertan. Hoy los catalanes gozan de plenos poderes, entre otras, en materias como salud, seguridad, cultura y, por supuesto, educación. El Gobierno español ha aprendido de su turbulento pasado y trabaja con sus regiones autónomas para intentar para dar respuesta a sus demandas en la medida de lo posible y para transferir competencias a las autoridades locales.

Enfrentarse a la mendacidad de los secesionistas es el primer paso necesario hacia la resolución de la división social y la polarización política catalanas. El segundo será recordar que cambiamos nuestros países mediante el ejercicio justo y legal del derecho a voto y no enfrentando a regiones contra regiones y amigos contra amigos.

Las democracias liberales de Occidente se enfrentan al desafío de un nacionalismo rampante que busca deshacer los acuerdos constitucionales, socavar la libertad individual y reabrir antiguas heridas. El consenso político, el sentido común y la valentía para plantarse y defender el Estado de Derecho son más necesarios que nunca para defender nuestros principios democráticos en común.

Josep Piqué fue Ministro de exteriores de España entre los años 2000 y 2002 y líder del Partido Popular en Cataluña de 2003 a 2007.