Publicado originalmente en alemán. Ulrich Ladurner. Zeit Online.
Los catalanes siguen adelante con su cuestionable referéndum de independencia, escalada incluída. Su antidemocrática manera de proceder no deja más remedio a Madrid que tener una reacción firme.
El pasado miércoles en Barcelona el jefe del Govern Carles Puigdemont comparecía ante la prensa y afirmaba: “el Gobierno central ha traspasado la línea roja que le separa de un régimen autoritario y represivo (…) Ha impuesto de facto un estado de excepción en Cataluña!” Con estas duras palabras reaccionaba a la detención, por parte de la policía española, de 13 miembros de su gobierno. Con ello, Puigdemont, que no es un hombre de moderación, apretaba aún más la tuerca de una escalada verbal que había comenzado a principios de septiembre.
El parlamento catalán aprobó el pasado 6 de septiembre una ley que abría el camino para un referéndum de independencia. 60 diputados votaron en contra, 72 a favor. Esto ya era una señal de que la misma sociedad catalana está profundamente dividida en esta cuestión. Pero al gobierno de Puigdemont no le importó. Tramitó la ley en el parlamento con la velocidad del látigo, en tan sólo 48 horas. No hubo tiempo alguno para debatir profusamente una cuestión tan existencial como la independencia. Los catalanes ahora tendrán que votar el 1 de octubre en el referéndum.
Lo cuestión determinante es que el Tribunal Constitucional español declaró ilegal en septiembre dicha ley, ya que ésta no es conciliable con la Constitución Española. “El referéndum no se celebrará nunca”, declaró por tanto el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy, y exhortó al gobierno catalán a dar marcha atrás. Pero éste siguió adelante.
Entonces intervino la policía, que se incautó de material publicitario y octavillas, cerró una página web que hacía propaganda del referéndum y finalmente detuvo a los 13 miembros del gobierno implicados en la preparación del referéndum. Pero esto no ocurrió, como Puigdemont quiere hacer creer, porque el gobierno central hubiera declarado un “estado de excepción de facto”. Ocurrió por orden de un juez de Barcelona que se vio obligado a actuar contra la preparación de un referéndum ilegal. Pero ahora estas importantes distinciones pasan desapercibidas.
También pasa desapercibido el hecho de que el gobierno catalán no está organizando el referéndum de forma precisamente democrática. No está prevista una participación mínima. Se da por válida una mayoría relativa. Si por ejemplo sólo el 20% de los catalanes votaran, y de estos votaran sí un 50 por ciento más 1, una pequeña minoría de los catalanes habría fundado una nueva república.
Da la impresión de que los separatistas han conseguido arrinconar al gobierno español en la esquina donde los habían querido tener desde el principio. Rajoy compareció antes las cámaras la tarde del miércoles y afirmó: “España es una democracia y un Estado de Derecho (…) Las elecciones son la expresión más clara de la democracia, pero la historia nos ha enseñado que los regímenes no democráticos han utilizado las elecciones para legitimizarse. Así pues, las elecciones son sólo un signo de democracia cuando se ajustan a la ley y son respetadas por todos.”
Lo malo en la situación actual: la legítima insistencia de Rajoy en los fundamentos de la democracia representativa suena, al calor de las emociones, como una declaración de guerra contra el pueblo catalán.
