Publicado originalmente en inglés en la versión web de The Times.
Señor:
Resulta iluminador comparar su reportaje (23 de septiembre) sobre la “campaña de odio” que llevan a cabo en Cataluña los defensores más extremistas del plan del gobierno catalán para un referéndum sobre la independencia (“Amenazas de muerte a medida que crece la tensión en el debate sobre el referéndum catalán”) con algunas de las cartas que han publicado sobre el tema (23 de septiembre).
Ningún Estado europeo concede a sus territorios el derecho a la secesión sin que se produzca un proceso constitucional acordado, y el proyecto independentista orquestado por el president Puigdemont sobrepasa claramente los límites de la legalidad al desafiar la Constitución española de 1978 y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Cataluña sufrió mucho tiempo bajo el régimen opresivo del general Franco, pero prosperó entre 1978 y 2008 como una región que disfrutaba de un alto grado de autogobierno.
Los defensores de la independencia hablan mucho de las medidas represivas que supuestamente habría tomado Madrid, pero los que vean con simpatía la celebración de un referéndum quizá no sean conscientes del punto hasta el que el gobierno catalán intenta desde hace años imponer su agenda radical a la sociedad catalana en su conjunto. A través de su control del sistema educativo, su influencia en los medios, su manipulación de la historia catalana para sus propios fines, y en algunos casos a través de la intimidación, ha intentado imponer en la población general la imagen de una Cataluña víctima de malignas fuerzas exteriores.
Aunque en el pasado puede haber algunos elementos de verdad en esa imagen, que se remonta al menos a 1900, no es fiel a la situación actual o al lugar de Cataluña en una España democrática. Aunque el gobierno de Rajoy ha mostrado una clara falta de comprensión y empatía en su trato a la región, de ningún modo es razonable hablar de un régimen represivo.
A estas alturas es claro que ha llegado el momento de una revisión de la Constitución española, y en su debido momento se debe intentar descubrir qué tipo de futuro quieren los catalanes para sí mismos. Esto solo será posible, sin embargo, si todas las partes entablan un diálogo civilizado que se desarrolla dentro de los confines de la ley.
Sir John Elliott, Regius Professor Emeritus de Historia Moderna, Universidad de Oxford.
