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Publicado originalmente en inglés: “Clara Ponsati is no freedom-fighting underdog”. The Scotsman
16 de abril 2018
Aunque he vivido en Gran Bretaña durante más de una década, tengo un conocimiento limitado de la historia de este país. Sí, he visto películas históricas y series de televisión y he visitado sitios emblemáticos, pero esto difícilmente me autorizaría a discutir el trasfondo histórico de la situación política actual. Claro que tengo una opinión, pero se me podría reprochar, con razón, si buscara paralelismos entre el movimiento nacionalista en Escocia y el movimiento separatista en la península de Crimea. De hecho, a pesar de que los nacionalistas escoceses, vascos, catalanes, flamencos o de cualquier otro lugar, compartan un objetivo común, no por ello tienen más parecidos. Mientras algunos son claramente xenófobos, racistas y supremacistas, otros tienen un programa progresista y son europeístas.
Puedo entender que, si solo conozco una versión en un conflicto, muy probablemente aceptaré como válidos sus argumentos. Mucho más si esa versión viene de una profesora de una de las universidades más prestigiosas del país, que parece la víctima inocente en ese conflicto. Todo el mundo apoya al débil. Si la misma fuente introduce otro elemento en escena, un dictador cuya herencia se nota en cada ámbito de la sociedad (policía, justicia, educación, televisión), entonces sin dudarlo estaría manifestándome por las calles de mi universidad para apoyar a la profesora. Esto es lo que ha ocurrido en relación con Clara Ponsatí, prófuga de la justicia española por su participación en el intento de secesión de Cataluña cuando formaba parte del gobierno regional y profesora en la Universidad de St. Andrews.
En esta situación han influido tres factores.
El primero es la tendencia natural a comparar situaciones con referencia a lo que conocemos. Si conoces, los compartas o no, los argumentos de los nacionalistas escoceses, estarás predispuesto a asumir que en cualquier otro lugar el esquema será similar.
El segundo es la increíblemente bien financiada (por los contribuyentes) maquinaria de propaganda que transmite el mensaje de los separatistas catalanes. Según los últimos datos, el gobierno regional de Cataluña gastó 2,6 millones de euros al año en sus embajadas oficiosas; las organizaciones de base separatistas, con sus propias oficinas en el extranjero, también han recibido millones de euros pagados por el contribuyente. Estoy seguro de que cualquier movimiento nacionalista (ya sea oficial o de base) estaría encantado de disfrutar de una fracción de ese presupuesto.
El tercer factor es la intención de los partidarios del Brexit de desestabilizar la Unión Europea. Mientras la UE tenga que poner su atención en cualquier otro sitio, y mientras haya riesgos de conflicto interno en el corazón de Europa, habrá menos capacidad de mantener un frente unido en las negociaciones con el Reino Unido. Los partidarios del Brexit pueden ser nacionalistas, pero no separatistas; el apoyo a los independentistas catalanes desde los medios pro-Brexit no tiene nada que ver con un recién descubierto apoyo al derecho de autodeterminación, sino con el interés en crear conflicto en la UE.
Con estos antecedentes, la pregunta que me hacen muy a menudo es por qué Cataluña no tiene derecho a un referéndum sobre la independencia. Mi respuesta es que, según la Constitución española, votada por un 90 por ciento de los catalanes en 1978, la decisión sobre el futuro de España (que incluye el de este territorio) corresponde al pueblo español. Al contrario que en otras constituciones en Europa (como las de Francia o Alemania, por ejemplo), es perfectamente posible defender y promover la separación de una parte del país en el Parlamento. No sería fácil, pero existen mecanismos para alcanzar ese objetivo.
Tal como están las cosas, no hay una mayoría en España (ni siquiera una mayoría de catalanes) que quieran que se celebre un referéndum sobre la separación de Cataluña de España. En las elecciones autonómicas celebradas en diciembre de 2017 (con el anterior gobierno regional huido o en prisión) obtuvieron la mayoría de votos los partidos constitucionalistas, aunque esta mayoría no se reflejó en el número de escaños en el parlamento autonómico por efecto de la legislación electoral. El referéndum organizado en Cataluña por el gobierno de la señora Ponsatí el 1 de octubre era ilegal y se celebró en contra de varias decisiones del Tribunal Constitucional. El gobierno escocés jamás habría celebrado un referéndum así, contrario a la ley e incurriendo en desacato.
La segunda pregunta que me hacen personas imparciales es sobre la fuerza que empleó la policía española para evitar el referéndum del 1 de octubre. Tal como acreditan las investigaciones judiciales, el gobierno de la señora Ponsatí buscó activamente los enfrentamientos entre los votantes y la policía de varias maneras: invitando a la gente a votar pese a que era un referéndum ilegal; ordenando a la policía autonómica que desobedecieran las órdenes judiciales y que obstruyeran y dificultasen el trabajo de la policía española (que actuaba a requerimiento de los jueces catalanes); todo esto presenciado por observadores internacionales ”independientes” que cobraron, en algunos casos, 200.000 euros. El resultado: cargas policiales, un número considerable de heridos (según datos oficiales, cuatro civiles fueron hospitalizados y 431 agentes de policía resultaron heridos) y un número ilimitado de menciones en medios internacionales. Incluso el tribunal alemán que está estudiando la extradición de Carles Puigdemont reconoció que el gobierno de la señora Ponsatí utilizó la fuerza para hacer posible este referéndum. El resultado fue exactamente el que el gobierno de la señora Ponsatí había planeado en un documento llamado Enfocats.
Dije al principio que Cataluña vive bajo la influencia de un dictador cuya presencia se nota en la policía, la justicia, la educación y la televisión. El gobierno regional de Cataluña controla siete canales de televisión, que emiten sólo en catalán; su propia policía autonómica, con 17.000 agentes; un sistema educativo donde el castellano no se enseña hasta quinto de primaria y solo dos horas a la semana. Los nacionalistas han estado gobernando Cataluña desde 1980. Los separatistas catalanes no son las víctimas; las víctimas son los constitucionalistas.
