Escrito originalmente en inglés por Francisco de Borja Lasheras. Publicado en ECFR.
España se enfrenta a su peor crisis constitucional desde el fallido golpe de estado de 1981, alimentada por un populismo un tanto similar al Brexit.
Es común caer en la trampa de adoptar una perspectiva romántica de las crisis en otros países cuando la idea de autodeterminación está presente. La iconografía de “opresores” contra “luchadores por la libertad” es sugerente y, hay que reconocerlo, los líderes de Cataluña han tenido éxito promocionando su agenda en el extranjero justo en esos términos –en ocasiones incluso haciendo referencia a la lucha de Nelson Mandela contra el apartheid.
Combinado con el atractivo cosmopolita de Barcelona, hay mucha confusión fuera de España sobre la naturaleza de la crisis actual en Cataluña, y abundan los mitos y estereotipos –con la ayuda de personajes como Assange.
Este artículo meramente pretende poner a prueba algunos de estos mitos con el fin de arrojar algo de luz no solo sobre el debate del referéndum catalán, sino también sobre las implicaciones más generales para las democracias plurales y el Estado de Derecho. Las dinámicas en el debate catalán son similares a las que se dan en otros países europeos en la era del populismo, y resultan por lo tanto de vital importancia para el futuro de Europa en su conjunto.
Mito Uno: Un referéndum legítimo y democrático, injustamente limitado por el estado español.
El primer mito es que el referendum planteado sería un proceso democrático legítimo, aprobado por el Parlamento catalán e injustamente prohibido por el estado español.
Sin embargo la forma en la que las leyes de secesión (“leyes de desconexión”) –es decir, una ley autorizando el referéndum de independencia y otra regulando la “transición legal”, que proporciona los elementos básicos de una República Catalana independiente- fueron aprobadas el pasado 6 de Septiembre fue asombrosamente antidemocrático.
El bloque independentista, que tiene una ajustadísima mayoría absoluta, incumplió las propias normas parlamentarias catalanas y los derechos de los diputados de la oposición. La aprobación de ambas leyes se produjo de forma apresurada en una sesión de madrugada, en contra de las advertencias de los asesores legales del Parlamento catalán e ignorando la solicitud de la oposición de un dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, al que tenían derecho según la ley catalana.
Como resultado, el bloque de la oposición (compuesto por Socialistas, el partido liberal Ciudadanos, el Partido Popular y algunos miembros del partido de izquierdas Catalunya Si Que Es Pot) abandonó la sesión en protesta y no participó en la votación. El Tribunal Constitucional español suspendió la legislación, pero los dirigentes catalanes, decididos a no acatar sus sentencias, siguieron adelante a pesar de ello. De hecho, básicamente han anunciado que declararán la independencia tanto si el Gobierno español permite que se vote como si no, convirtiendo de facto el referéndum en un plebiscito sobre una decisión ya tomada por la mayoría gobernante.
Todo esto significa una clara violación de las reglas fijadas, entre otros organismos, por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que requiere, entre otras condiciones, un proceso con igualdad de oportunidades, una administración neutral, y legislación con rango de Ley como mínimo aprobada al menos un año antes de la celebración del referéndum. La UE invierte millones de euros en reforzar la democracia parlamentaria en países asociados o candidatos a acceder a la Unión, precisamente para evitar el mismo tipo de abusos que pudieron verse en el Parlamento catalán a principios de este mes. Y lleva a cabo declaraciones de condena, en su caso retirando la asistencia, cuando estos estándares se violan de forma tan burda dentro de la propia Europa.
Mito Dos: Una España “post-franquista“ ataca a una “Cataluña democrática”
El gobierno conservador en Madrid representa un blanco fácil y popular para virtuosos columnistas y tertulianos que a menudo no se atreven a lidiar con los auténticos Francos contemporáneos en Rusia o Venezuela. Sin embargo, España no es un Goliat al estilo de lo que fue la URRS, ni el gobierno catalán de Carles Puigdemont un pio e indefenso David.
Con todos sus defectos, y son unos cuantos, la España moderna es una democracia pluralista que puntúa alto en todos los estándares reconocidos. El gobierno de Rajoy, en minoría, está sujeto a múltiples controles y contrapesos, y el propio Presidente ha tenido que testificar tanto en un tribunal como ante el Parlamento por un caso de corrupción masiva que envuelve a su partido. Las principales ciudades españolas, Madrid y Barcelona, están gobernadas por coaliciones izquierdistas apoyadas por Podemos, y los acuerdos de reparto de poder son la norma a nivel regional. De hecho, Cataluña disfruta de amplios poderes de autogobierno, mucho mayores que otras regiones similares en Europa, basados precisamente en la Constitución y en el Estatut, votado y aprobado por el pueblo catalán en 2006, y que el Govern y su mayoría han decidido ahora derogar unilateralmente.
Sin duda, al igual que en cualquier otra democracia occidental, la gobernanza democrática en España está sujeta a tensiones. La necesidad de reformas institucionales y de regeneración es una de las causas que explican nuestra convulsa política de estos años. Pero la afirmación de que esto se trata de algún tipo de franquismo velado es absurda.
Más que una lucha entre David y Goliat, el asunto catalán es un complejo choque de legitimidades democráticas: la mayoría actual en el Parlamento catalán contra la mayoría en el Parlamento español. Muchos catalanes (aunque no la mayoría, según muchas encuestas) quieren directamente la independencia, pero muchos españoles quieren tener también voz en el futuro de su país. Y aunque la estrategia principalmente legalista de las autoridades de Madrid ha recibido fuertes críticas (en ocasiones justificadamente), se basa en una premisa impecablemente democrática: Rajoy no tiene un mandato democrático para permitir un voto de autodeterminación – entendida como independencia- en Cataluña sin que haya previamente una reforma sustancial de la Constitución Española –y ésta debería ser aprobada por los españoles en su conjunto.
De la misma forma, el bloque independentista, que representa a aproximadamente el 45% del electorado catalán, puede de hecho promover la independencia, pero sus métodos actuales muestran desprecio por los puntos de vista y los derechos del resto de catalanes. La imagen de un Parlamento catalán semidesierto es una prueba de que esto es algo más que simplemente una confrontación de “Madrid contra Cataluña”.
A este respecto, algunos aspectos de la política que define a Cataluña hoy recuerdan desgraciadamente el sectarismo y división del peor pasado de España. Ocultando intenciones antidemocráticas bajo una pretensión democrática, las fuerzas de gobierno en Cataluña están más cerca de las políticas mayoritarias e iliberales representadas por el PiS de Polonia que a la virtuosa lucha de los países bálticos librándose de las cadenas de la URSS (su comparación favorita)
Esto se entremezcla con un discurso sorprendentemente racista hacia otros españoles, en ocasiones respaldado a los más altos niveles del poder catalán, reminiscente de la Lega Nord italiana. Una república tan parcial y a medida de los independentistas no superaría los requisitos del Estatuto del Consejo de Europa, que insiste en democracias plurales basadas en el imperio de la ley y en la igualdad de derechos. De hecho, una de las fuerzas impulsoras de las protestas callejeras y el movimiento independentista en general es el partido izquierdista CUP, contrario a la Unión Europea y a la OTAN, que quema banderas europeas, españolas y francesas en sus mitines y está detrás de una ola de intimidaciones contra alcaldes y consejeros catalanes que se oponen al referéndum.
Este preocupante giro de los eventos tuvo un claro reflejo en el reciente y apasionado discurso de Joan Coscubiela, portavoz del CSQP y miembro del mundo sindical. El Sr. Coscubiela alertó contra el “abuso” de una mayoría que pudiera “tapar” los derechos democráticos y la degradación de las instituciones catalanas, antes de abandonar la asamblea catalana junto con la oposición.
Mito Tres: La comparación Serbia contra Kosovo
El precedente de Kosovo ha sido otro de los argumentos utilizados por el Gobierno catalán para justificar sus denuncias de persecución.
Afortunadamente tanto para Cataluña (una región rica) como para el resto de España, la comparación con la Serbia de Milosevic y con Yugoslavia en general no se sostiene: no ha habido ninguna campaña violenta de limpieza étnica, ni discriminación sistemática que produjera flujos masivos de refugiados, ni una sola condena internacional previa del tratamiento de España hacia los catalanes.
En algunos aspectos, eso sí, las fuerzas de gobierno en Cataluña recuerdan a algunos clanes y dirigentes en los Balcanes. Véase por ejemplo su imprudencia al llevar adelante sus proyectos personales, como la corrupción propia, su uso del nacionalismo para distraer de problemas estructurales y el flirteo de ambiciones territoriales hacia otras regiones españolas vecinas basado en lazos de lenguaje y parentesco, independientemente de lo que los ciudadanos de esas regiones quieran.
Las divisiones políticas en liza sobre Cataluña
España se enfrenta a su crisis constitucional más grave desde el fallido golpe de estado de 1981. Más allá del grave problema territorial, ésta está muy alimentada por populismo al estilo del Brexit, evidente en la repetición de eslóganes vacíos pero poderosos (“Dejad votar a los catalanes”, que recuerda al “Tomar de nuevo el control” del Brexit). En un contexto de duras medidas de austeridad (impuestas por el que fue en su momento Gobierno catalán de nacionalistas moderados) y descontento con el Tribunal Constitucional por el recorte en 2010 de partes del Estatut (tras un recurso constitucional presentado por el partido de Rajoy, por entonces en la oposición – paso muy criticado en España en general),”España” proporcionó un cómodo chivo expiatorio, multiplicando el que previamente era un deseo minoritario por la independencia.
Las políticas del Brexit también están presentes en la estigmatización de los “enemigos del pueblo”, incluidos jueces, que no están de acuerdo con esta línea o simplemente se atienen a sus obligaciones públicas. También es evidente la presencia de una campaña de post verdad a lo Trump, que niega hechos y retuerce la verdad, incluyendo la tergiversación de declaraciones de instituciones de la UE y ministros extranjeros. Esta ola ha terminado aplastando a los nacionalistas catalanes moderados, cruciales en la estabilidad y gobierno de España, afectados por masivos escándalos de corrupción.
La crisis en y sobre Cataluña puede estar introduciendo un nuevo eje político más general en España. En un lado están los valedores de la “democracia popular” (incluyendo al bloque independentista, a Podemos y otras fuerzas) que pone sobre todo el énfasis en la calle, en políticas antisistema y “la voluntad de la gente”; y en el otro los defensores de la democracia basada en Estado de Derecho (formado por PP, PSOE, Ciudadanos y muchos catalanes que prefieren un referéndum legal) y que pone el foco en el orden constitucional y las instituciones, aunque con notables diferencias internas.
Los primeros califican las medidas gubernamentales y judiciales de Rajoy de represión. Los últimos denuncian autoritarismo en Cataluña e incluso se refieren a un golpe de estado en el Parlamento catalán. Este clivaje político probablemente definirá la política del país en los años venideros y los acuerdos y equilibrios entre unos y otros serán clave de cara a posibles salidas.
¿Una opción escocesa?
Algunos sugieren algún tipo de solución al estilo de Quebec o Escocia para un referéndum pactado de autodeterminación, con las debidas garantías. Esto requeriría una reforma fundamental de la Constitución Española de 1978 para la que no hay consenso político hoy.
De acuerdo con la Constitución Española, la soberanía reside en el conjunto de todos los españoles. Esto puede gustar o no, pero no es menos democrático y está en línea con provisiones similares en la mayoría de democracias occidentales. Así, el borrador de la constitución catalana no contempla, por supuesto, el derecho de autodeterminación dentro de sus fronteras.
Idealmente, podría contemplarse una reforma sustancial de la Constitución Española que incluyese para Cataluña una aun mayor capacidad de autogobierno y un reconocimiento explícito de su carácter como nación. Ello requeriría primero elecciones constituyentes, mayorías reforzadas, un referéndum en todo el Estado y quizá un referéndum específico posterior en Cataluña.
Este escenario más favorable podría estar gestándose a medio plazo y ayudar a atraer a algunos “independentistas tácticos” (aquellos que apoyan hoy la independencia para extraer más concesiones de Madrid) de nuevo al sistema constitucional frenando así el ímpetu independentista – que es justamente lo que teme en estos momentos el núcleo del movimiento independentista en Cataluña. Tanto el Gobierno español como el PSOE han anunciado en diferentes ocasiones más autogobierno –siempre que el Gobierno catalán vuelva al orden constitucional. Pero aproximadamente el 30% de los catalanes, o más, ya se sienten desconectados de España, y construir puentes con este segmento resultará extremadamente difícil, si no imposible. Es un problema que irá más allá de esta generación.
Muchos españoles apoyan distintas formas de acuerdo con Cataluña, posiblemente incluso un referéndum legal, y son muy críticos con el Gobierno de Rajoy. Pero también existe un creciente cansancio hacia el uso de “España” como chivo expiatorio y con el constante foco en las preferencias de parte del electorado catalán sobre otros problemas y desafíos urgentes del país en su conjunto.
Este es una situación sin ninguna salida buena para el Gobierno español: no puede ni debe sobre-reaccionar, ya que daría lugar a otra reacción y mayor desafección en Cataluña, pero tampoco puede permanecer impasible, ya que el orden constitucional en Cataluña está en peligro. Las recientes detenciones de cargos de segunda fila del Gobierno catalán, ordenados por un juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ya en libertad bajo cargos de complicidad con hechos delictivos, han inflamado aún más a los independentistas, que controlan las calles, así como generado frustración en otros sectores. La situación probablemente se deteriore aún más, reforzando el síndrome del mártir que les alimenta y necesitan, retro alimentando esos mitos.
Uno no puede evitar preguntarse cómo habría reaccionado Francia si el Consejo de la Colectividad Territorial de Córcega hubiera iniciado una secesión unilateral y anunciado la apropiación de bienes franceses. O si el gobierno de Baviera, en Alemania, quejándose de frustración por “alimentar” a los estados de Alemania Oriental, hubiera rechazado la Constitución alemana y desobedecido la autoridad del Bundesverfassungsgericht.
Esta crisis representa un fallo colosal del estamento político español en su conjunto. Nuestros líderes (incluyendo los nuevos partidos) no han sido capaces de construir una salida al bloqueo actual, al contrario que en otros periodos críticos de la historia constitucional del país en los que hubo sentido de estado. Pero no es claro que había muchas alternativas claras, a la vista del turbulento y polarizado escenario político español actual. Yo crecí en el País Vasco durante los años de los desmanes asesinos de ETA, y compruebo preocupado algunas inquietantes similitudes hoy en día tanto en los discursos de odio y estigmatización de los disidentes, como en la conformación de bloques políticos opuestos en Cataluña. Esta polarización política ahora amenaza con extenderse al resto del país.
Las autoridades en Madrid se equivocaron al plantear esta crisis fundamentalmente como un asunto interno. Va más allá de la cuestión catalana y tiene una relevancia europea más amplia. Es en interés de toda Europa, por lo tanto, dejar de lado viejos mitos y entender de qué va esto en realidad.
